¿Y si Colombia y Venezuela responden? — Entre el derecho, la diplomacia y el riesgo de escalada

Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

La reciente oleada de hechos —un ataque estadounidense en aguas caribeñas que, según Washington, alcanzó a “objetivos narcotraficantes”, y la rápida reacción de Bogotá y Caracas calificando a las víctimas como pescadores civiles— plantea una pregunta incómoda: ¿qué sucedería si Colombia y Venezuela decidieran responder a los ataques que, según ellos, se han cobrado vidas inocentes? La respuesta no es sólo política: es jurídica, geoestratégica y profundamente humana.

En primer lugar, el marco jurídico internacional es claro y restrictivo. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza entre Estados salvo en dos excepciones muy concretas: la autorización del Consejo de Seguridad o el derecho inherente de legítima defensa en caso de un ataque armado. Incluso en ese margen excepcional, la práctica y la doctrina internacionales imponen las reglas de necesidad y proporcionalidad; es decir, cualquier respuesta debe ser estrictamente necesaria para repeler un ataque y proporcional al daño sufrido. Estas normas no son retórica académica: son el dique que impide que disputas bilaterales se transformen en guerras regionales.

Segundo, la narrativa y el contexto político norteamericano importan. Estados Unidos vive hoy una situación de fuerte polarización y un ciclo de protestas masivas que han ocupado plazas y calles en las últimas semanas; ese malestar interno condiciona la toma de decisiones de la Casa Blanca y la legitimidad de sus anuncios en el exterior. Las represalias ejecutadas por Washington —desde acusaciones públicas hasta la amenaza de aranceles y la suspensión de fondos— se producen a la sombra de esa crisis doméstica, lo que las hace tanto más explosivas como más impredecibles. En este marco, una respuesta militar de Bogotá o Caracas tendría un doble riesgo: podría ser presentada por la administración estadounidense como una agresión injustificada, y a la vez ser percibida en la región como una defensa legítima ante lo que varios gobiernos ya han denunciado como acciones desproporcionadas.

Tercero, la prueba de la culpabilidad material es política y forense. Si un Estado decide actuar —ya sea con maniobras navales, restricciones a buques estadounidenses o incluso con «medidas de retorsión» económicas— esa acción se sustenta, a los ojos de la comunidad internacional, en pruebas sólidas. Las acusaciones verbales no bastan; lo que cuenta para el Derecho y para las cortes de opinión es la cadena de custodia, la atribución y la proporcionalidad. Aquí existe un terreno peligroso: la confusión entre criminalidad —la actividad de redes ilícitas— y la condición de ciudadanos civiles. Si las fuerzas colombianas o venezolanas abren fuego o interceptan embarcaciones sin evidencia clara, se arriesgan a perder la razón jurídica y la narrativa política.

Cuarto, hay un componente regional e internacional que no puede despreciarse. Gustavo Petro, en su papel pro tempore en la CELAC, ha logrado visibilidad y cierto liderazgo diplomático en la lucha por una voz latinoamericana más autónoma frente a Washington. Esa posición convertirá cualquier conflicto en un asunto de resonancia continental: aliados regionales podrían apoyar la denuncia política y promover canales multilaterales, mientras que potencias como China y la Unión Europea observarán —y eventualmente aprovecharán— la fractura para proyectar influencia económica y diplomática. La coyuntura es, por tanto, tanto de riesgo como de oportunidad para la diplomacia latinoamericana.

Quinto, las medidas unilaterales llevan consigo el peligro de una escalada asimétrica. Responder con fuerza limitada a un ataque naval se puede convertir en un episodio de tit-for-tat: sanciones, restricciones comerciales, cierre de puertos para buques de una nacionalidad, confiscaciones. Cada paso puede legitimar la siguiente medida y empujar la disputa fuera del ámbito jurídico hacia la confrontación real, con consecuencias humanas —muertes, desplazamientos, impacto en la pesca y la seguridad alimentaria— que pagarían, sobre todo, las poblaciones costeras más vulnerables.

¿Qué caminos legales y políticos se abren, entonces? Hay alternativas responsables que preservan la dignidad del reclamo sin violar el derecho internacional ni regalar el relato al adversario:

Documentación y multilateralización. Colombia y Venezuela deberían pedir investigaciones independientes, solicitar la intervención de organismos regionales (OEA, CELAC) y llevar el caso a instancias internacionales competentes antes de cualquier medida de fuerza. La presentación de evidencia técnica y forense (rastreo satelital, bitácoras, testimonios) es la mejor defensa jurídica y política.

Reglas de enfrentamiento y transparencia. Exigir a Estados Unidos protocolos claros sobre operaciones en zonas marítimas compartidas y mecanismos de notificación evitaría futuros incidentes. La presión internacional para establecer salvaguardas en la lucha contra el narcotráfico puede ser una vía para desactivar tensiones.

Diplomacia preventiva en la CELAC y la ONU. Aprovechar la presidencia pro tempore para convocar a la región a un diálogo sobre soberanía, lucha contra el crimen organizado y límites del uso de la fuerza podría aislar la respuesta militar y convertir la disputa en una oportunidad normativa.

Evitar la reciprocidad visceral. Responder con sanciones económicas o acciones militares puede funcionar como venganza simbólica, pero raramente protege a las poblaciones locales o resuelve las causas estructurales del problema —como la demanda de drogas, la corrupción o la precariedad de las economías costeras.

Finalmente, una advertencia práctica: la legitimidad en política exterior no se improvisa. Si la respuesta de Bogotá y Caracas nace de la indignación, sin curvas de verificación y sin canales multilaterales, el resultado más probable será un empeoramiento del escenario para todas las partes. Si, por el contrario, la reacción se articula dentro de marcos jurídicos y diplomáticos robustos, la región podrá transformar un episodio peligroso en una palanca para reforzar normas y evitar que lo que hoy es una tragedia humana —la muerte de pescadores— se convierta mañana en un conflicto internacional.

En tiempos en que las protestas en Washington ocupan titulares y las relaciones comerciales tiemblan por amenazas arancelarias, la prudencia y la legalidad son la mejor estrategia para no permitir que la sangre de pescadores se convierta en la pólvora de una nueva crisis. La pregunta no es sólo si responderán: es cómo hacerlo sin perder la razón ni poner en riesgo a quienes menos tienen.